El aborto del ministro de injusticia

A propósito del nuevo envite del ministro de Injusticia contra los derechos sexuales y reproductivos y su alianza con los grupos antielección, recupero el artículo que escribí para el nº3 de la Revista Números Rojos:

LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO,
UN DEBATE FICTICIO

“Con la convicción más grande defenderé un proyecto largamente reflexionado y deliberado por el conjunto del gobierno, un proyecto que tiene como objetivo poner fin a una situación de desorden y de injusticia, así como aportar una solución equilibrada y humana a uno de los problemas más difíciles de nuestro tiempo. ¿Por qué seguir cerrando los ojos cuando la situación actual es mala?”

Así comenzaba la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, su defensa de la ley del aborto en el Congreso de los Diputados el 26 de noviembre de 2009. A continuación, explicaba que eran las mismas palabras que exactamente ese día, otro 26 de noviembre, pero 35 años atrás, había utilizado Simone Veil, ministra de Sanidad francesa de un gobierno conservador, al dirigirse a la Asamblea Nacional de Francia para presentar el proyecto de despenalización del aborto en su país.

Más de tres décadas después, las palabras de Veil aún eran oportunas en la España del siglo XXI. La coincidencia de fechas había sido casualidad. Nadie se había dado cuenta hasta que semanas antes del debate, la secretaria de estado de igualdad francesa hizo una visita a España. La secretaria de estado también era conservadora, pertenecía al gobierno de Nicolás Sarkozy y sin embargo, se mostraba orgullosa del trabajo que había realizado su antecesora hacía 35 años y feliz con la aprobación de la ley en España.

Sirva la anécdota para subrayar el falso debate abierto en España. Suecia reguló el aborto, al igual que Francia, en 1974; Italia aprobó su regulación en 1978, Holanda en 1984, Bélgica en 1990, Alemania en 1992 y Dinamarca en 1995, por citar algunos ejemplos. Sin embargo, España acometió una primera despenalización parcial del aborto en 1983. Cuando se iniciaron los trabajos para la nueva ley, ya habían transcurrido 25 años de aquello y sin embargo, las mujeres españolas aún tenían que alegar poco menos que estar locas para poder abortar y aún así, estar en alerta puesto que la ley era tan frágil que tras un aborto se creaba el temor permanente de que su historial clínico terminara en un juzgado o que cualquier día, la policía apareciese a la puerta de su casa.

Para elaborar el anteproyecto de ley se constituyeron una subcomisión parlamentaria, un grupo de personas expertas y un proceso de reuniones con la sociedad civil, -incluidos los grupos más reaccionarios y los grupos antielección (los que sin ningún pudor pretenden llamarse provida) y se recabaron los informes institucionales pertinentes.
Pocas leyes han sido redactadas con un proceso de elaboración tan participativo y transparente. Un proceso que propició que la Ley fuese aprobada en el Senado de forma definitiva y sin cambios, lo que hizo que ni siquiera tuviera que volver al Parlamento.

¿De forma definitiva? Eso era lo que pensábamos quienes estábamos convencidas de que contar con una ley que reconociera el derecho a la maternidad libremente decidida no es más (ni menos) que reconocer los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Reconocer una realidad: que miles de mujeres abortan (100.000 mujeres habían interrumpido su embarazo en España el año anterior a la aprobación de la ley) y que en ningún caso deben verse obligadas a hacerlo jugándose su salud ni jugándose la cárcel. Y, también, estábamos convencidas de que ya no era tiempo de obviedades, que posibilitar legalmente el aborto no significa, claro está, ni fomentarlo ni obligar a nadie a hacerlo.

A falta de argumentos, la jauría se cebó en un solo aspecto de la ley: la capacidad de las jóvenes de 16 y 17 años a decidir libremente sobre su maternidad. En realidad, solo se trataba de eliminar la excepción establecida en la Ley de autonomía del paciente, de manera que el aborto se equipara al resto de prestaciones sanitarias para las que la mayoría de edad para consentir está establecida en 16 años.

Por mucho que se empeñaran, que se empeñen, la jerarquía católica y los sectores más reaccionarios y contrarios a la dignidad y libertad de las mujeres, no tienen argumentos para oponerse a la ley y tampoco los tienen actualmente para pretender que se modifique. El potentísimo movimiento que se desarrolló en contra de la nueva ley se basaba en insultos y descalificaciones (asesinas fue el calificativo más suave) y en “cuestiones de fe” o de poder…, según se mire el interés que tiene la iglesia, todas las iglesias, en imponer al conjunto de la población normas de comportamiento que solo deberían incumbir a sus fieles.

Valga como ejemplo el ridículo del actual ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, al intentar argumentar su decisión de cambiar la ley apelando a la “violencia estructural” que se ejerce contra las mujeres. Más ridículo aún si recordamos que durante los ocho años de gobierno del PP se practicaron en España 500.000 abortos. Pretender modificar la ley, a estas alturas, es pretender volver al túnel del tiempo que desemboca en los delitos “específicos” del franquismo, los delitos que solo cometían las mujeres (uso de anticonceptivos, abortos, adulterio…)

Por cierto, Simone Veil sobrevivió a Auschwitz, fue madre de tres hijos y en 2005 fue galardonada con el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional “por la defensa de la libertad, la dignidad de la persona, de los derechos humanos, la justicia, la solidaridad y el papel de la mujer en la sociedad moderna”.