El falso debate del aborto

Andrés Peñalosa, además de traducir el texto sobre el aborto que escribí a petición de ATTAC Italia, ha tenido la paciencia de editar también el texto en español. Podéis verlo pinchando aquí.
Gracias Andrés.
Para la versión italiana, el enlace aquí.
El texto original:

Interrupción voluntaria del embarazo: un falso debate
Las mujeres siempre hemos abortado y lo seguiremos haciendo. A lo largo de la historia, cuando lo ha necesitado, cada una ha tomado la decisión en función de su situación personal, económica, familiar, en función de sus creencias y su cultura; es decir, en función de lo que cada una es y cree conveniente. Ningún ministro, juez, clérigo o cualquier otro autodesignado como autoridad sobre su cuerpo ha podido evitarlo.

Las mujeres no se consideran a sí mismas incubadoras. Todas sabemos que ni un rato de sexo, ni una violación, ni un fallo de un preservativo es un hijo. Lo saben incluso quienes vociferan lo contrario. ¿Por qué tanta polémica entonces alrededor del aborto? Porque lo que se está discutiendo es el poder sobre las mujeres. Lo que se rebela es el poder patriarcal que pretende seguir decidiendo sobre sus vidas y especialmente, sobre sus cuerpos.

El debate sobre el aborto es falso. Se debate sobre la igualdad y los derechos de las mujeres, sobre a quién se le arrebata la ciudadanía (a todas las mujeres o a una parte de ellas: a las inmigrantes o a las menores o a las pobres… ) y por qué. Es un debate sobre la propiedad: la propiedad del cuerpo de las mujeres y la propiedad de sus hijos e hijas: las mujeres españolas inscribiendo sus cuerpos en el Registro de la Propiedad a su nombre desde que se anunció la contrarreforma de la ley por el gobierno del presidente Rajoy así lo evidencian. Se debate sobre el contrato social, si en él las mujeres tenemos firma autorizada o aún no hemos alcanzado ese derecho. Se debate sobre el modelo económico: un estado del bienestar o un sistema depredador con un reparto desigual de beneficios económicos en el que el estado no garantiza la subsistencia y que solo puede mantenerse gracias al trabajo gratuito de las mujeres obligadas a los cuidados -menores, enfermos, ancianos…- que lo público no proporciona. Es un debate antiguo y rancio (además de doloroso) en el que quienes se erigen en defensores de la vida en realidad ponen en riesgo la vida y la salud de miles de mujeres a cambio de asegurarse que éstas continúan siendo la mano gratuita que necesita el capitalismo voraz.

La cuestión del aborto es obvia: las leyes restrictivas no impiden la interrupción voluntaria del embarazo, todo lo contrario. Lo que provocan son abortos inseguros y en malas condiciones que suponen la muerte para miles de ellas -47.000 mujeres muertas al año según la OMS-. La evidencia de que el debate sobre el aborto es falso lo demuestra que precisamente en los países donde la decisión depende de las mujeres y no está penado, también son los países que tienen mejor educación afectivo sexual en las aulas desde edades más tempranas y también son quienes tienen los métodos anticonceptivos de última generación más asequibles y accesibles. Estas dos condiciones: buenos métodos anticonceptivos, gratuitos o a bajo precio y a los que se acceda en las farmacias como cualquier otro fármaco y una buena educación sexual son la clave para reducir el número de embarazos no deseados, lo que significa que son la clave para reducir el número de abortos.

Aquellos países que tienen las leyes más restrictivas sobre el aborto también son los que eliminan la educación sexual y los métodos anticonceptivos de su oferta de salud pública y ponen además trabas a las menores de edad para acceder a ellos y son quienes, por si lo anterior fuera poco, destinan dinero público para ofrecer ayudas económicas a las mujeres que decidan no abortar. Así lo está haciendo el gobierno del presidente Rajoy en España: ha eliminado la educación sexual de las aulas y ha sacado del sistema público de salud los anticonceptivos de última generación.

¿Qué es lo que están protegiendo entonces?
¿La vida de las mujeres? No.

Precisamente la vida y la salud de las mujeres es lo que están poniendo en riesgo. ¿La vida de los menores? Tampoco. No he escuchado ninguna reflexión de quienes legislan en contra de las mujeres y sus derechos sexuales y reproductivos sobre lo que significa ser un niño no deseado, sobre lo que supone la pobreza y la falta de atención en la infancia, sobre qué situaciones vitales se ponen por delante de las niñas o de las mujeres a las que se les obliga a dar a luz un hijo para retirárselo a continuación y darlo en adopción. ¿Eso es lo que consideran maternidad los antielección?

Las niñas-madres son las primeras a proteger y un embarazo temprano, al margen de las consecuencias físicas, elimina sus posibilidades de desarrollo personal, económico y profesional. Parece que estas niñas no importan tanto como los fetos.

Parece que no hay nada mejor que no haber nacido para que el patriarcado decida protegerte.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) lo dice claramente en su guía para un aborto sin riesgos y pone los números que lo demuestran: “El aborto inseguro es una de las cuatro causas principales de mortalidad y morbilidad materna (…) Casi todas las muertes por el aborto inseguro ocurren en países donde el aborto está rigurosamente prohibido por la ley. Cada año, aproximadamente 47.000 mujeres mueren debido a complicaciones del aborto inseguro (…) Las políticas deben orientarse a respetar, proteger y cumplir los derechos de las mujeres para alcanzar resultados de salud positivos”. En el citado documento se destaca inequívocamente el vínculo inextricable entre las salud de las mujeres y los derechos humanos así como la necesidad de leyes y políticas que los promuevan y protejan: “Se requiere un entorno regulatorio y político propicio para garantizar que cada mujer tenga un acceso sencillo a servicios de aborto de buena calidad. Las políticas deben orientarse a respetar, proteger y cumplir los derechos humanos de las mujeres para alcanzar resultados de salud positivos”.

España acometió una primera despenalización parcial del aborto en 1985. Cuando en 2009 se iniciaron los trabajos para la nueva ley, ya habían transcurrido casi 25 años de aquello y sin embargo, las mujeres españolas aún tenían que alegar poco menos que estar locas -necesitaban un informe psicológico-, para poder abortar y aún así, estar en alerta puesto que la ley era tan frágil que tras un aborto se creaba el temor permanente de que su historial clínico terminara en un juzgado o que cualquier día, la policía apareciese a la puerta de su casa.

Esa inseguridad jurídica y los cambios evidentes en la sociedad española en los últimos 25 años motivaron la decisión de elaborar una nueva ley que sustituyera los supuestos de la ley del 85 por una ley de plazos. Para elaborar la nueva ley se constituyeron una subcomisión parlamentaria, un grupo de personas expertas y un proceso de reuniones con la sociedad civil, -incluidos los grupos más reaccionarios y los grupos antielección (los que sin ningún pudor pretenden llamarse provida) y se recabaron los informes institucionales pertinentes.

Pocas leyes han sido redactadas con un proceso de elaboración tan participativo y transparente. Un proceso que propició que la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo fuese definitivamente aprobada en el Senado en 2010, ni siquiera necesitó volver al Parlamento. Pero aún más. Todos los estudios y todas las encuestas confirmaban que la sociedad española estaba mayoritariamente a favor de un ley de plazos que asegurara que serían las mujeres quienes decidieran en cada caso sobre su maternidad. Y por si aún quedaba alguna duda sobre lo adecuado de la norma, el 17 de septiembre de 2009, el Consejo de Estado había avalado la plena constitucionalidad de la ley votando favorablemente un informe que había sido redactado por Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, uno de los padres de la Constitución.

Así, desde el año 2010, la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo garantiza a las mujeres derechos sobre la maternidad. Pueden abortar sin dar explicaciones hasta la semana 14 de embarazo. A partir de entonces, y hasta la semana 22, pueden hacerlo sólo si se aprecian malformaciones fetales o si hay riesgo para la salud de la madre. Después de este tiempo, la interrupción del embarazo sólo está permitida si un comité médico determina que hay una malformación grave o incompatible con la vida. Pero la ley también comporta otra batería de medidas -como su propio nombre indica al colocar en primer lugar la salud sexual y reproductiva-, que se refieren a la educación sexual y al acceso y gratuidad de los métodos anticonceptivos de última generación, entre ellos la llamada píldora del día después. El resultado ha sido el esperado. Desde 2010, desde que la ley de plazos está en vigor, el número de abortos ha disminuido en España.

La polémica ha vuelto con el gobierno conservador de Mariano Rajoy que pretende cambiar la actual ley del aborto en vigor y a través del ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón ha presentado un anteproyecto de Ley Orgánica para la Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada (así han llamado a la nueva norma y es tan significativo el cambio de nombre como que la ley de 2010 fue redactada y defendida por el Ministerio de Igualdad mientras que el anteproyecto de Mariano Rajoy está siendo gestionado desde el ministerio de Justicia).

Lo que pretende ahora el Gobierno de Rajoy es cambiar esta ley “de plazos” para volver a nuevo a una de “supuestos” -pero más restrictivos que en 1985-, de modo que el aborto sea un delito excepto en casos concretos.

El anteproyecto plantea que solo se permita la interrupción voluntaria del embarazo en dos casos: cuando la mujer haya sido violada (hasta las 12 semanas de gestación), y cuando esté en riesgo su salud física o psicológica (hasta las 22 semanas). Este último supuesto incluye también el de malformación fetal, pero sólo cuando el embrión sea inviable y ello pueda suponer trastornos psicológicos para la madre. Además, la mujer necesitará tener el visto bueno de hasta dos facultativos que acrediten tal situación para poder abortar. Y deberá someterse al “consentimiento informado” y al permiso paterno —en caso de las menores de edad—en cualquiera de los supuestos.

En el caso de las mujeres cuyo embarazo sea fruto de una violación, además, deberán haber denunciado previamente a su agresor para poder abortar, según lo estipulado en el anteproyecto de reforma de Gallardón. Una obligación -la de la denuncia- que se enfrenta tanto al sentido común, como a la realidad social, como a las recomendaciones internacionales. La OMS evidencia que la obligación de la denuncia supone que el derecho al aborto se deja entonces en manos de las autoridades puesto que las demoras que suponen estos requisitos pueden llevar a la negación del aborto porque se hayan superado los límites temporales de la ley. Pero además, añade: “En muchos contextos, las mujeres que fueron víctimas de violación pueden tener miedo de ser estigmatizadas por la policía y otras personas, por lo tanto, rehúyen de todos modos a realizar la denuncia por violación y, de esta manera, quedan imposibilitadas para acceder al aborto legal, lo que puede llevar a las mujeres a recurrir a los servicios clandestinos e inseguros para finalizar con su embarazo”.

La contrarreforma del aborto de Gallardón contraviene todas las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud que alerta de los peligros de exigir la autorización de terceros o la denuncia previa por violación para poder interrumpir el embarazo: restringir sólo lleva a la clandestinidad y, con ello, a más mortalidad. Para la OMS, “el acceso al aborto puede estar demorado indebidamente por procedimientos agobiantes de autorización médica, especialmente donde los especialistas o los comités hospitalarios requeridos son inaccesibles” y además, “el requisito de autorización del esposo, padre o autoridades hospitalarias puede violar el derecho a la privacidad y el acceso de las mujeres a la atención médica sobre la base de la igualdad de hombres y mujeres”.

Otro de los aspectos que involuciona con el anteproyecto de ley es el relacionado con la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios que practican abortos. La propuesta de Rajoy es que vuelva a estar por encima de la ley y de su responsabilidad como sanitarios, la voluntad de los profesionales. A este respecto, la OMS insta a los servicios de salud a “garantizar el ejercicio eficaz de la libertad de conciencia de los profesionales de salud en el contexto profesional que no impida que las pacientes obtengan acceso a los servicios a los cuales tienen derecho”. A nadie se le escapa que las leyes restrictivas son un buen caldo de cultivo para el negocio. Cuando la ley juega con la vida y la salud de las mujeres son muchos los sanitarios que se aprovechan y practican en clínicas privadas con precios elevadísimos los abortos que se niegan a hacer en la sanidad pública aludiendo a “objeción de conciencia”.

Otro de los cambios que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, tiene previsto introducir en la nueva Ley del Aborto consiste en suprimir el derecho de las chicas de 16 y 17 a abortar sin el permiso de sus padres. Una decisión que está en las antípodas del camino a seguir que marca Naciones Unidas como ya dejó claro en 2013 con el estudio Maternidad en la niñez: “Los gobiernos tienen el compromiso de ratificar los derechos de las niñas a la educación y a la sanidad, incluida la salud sexual y reproductiva (…) es esencial construir una sociedad donde las niñas sean capaces de tomar decisiones sobre su futuro y que afectan a sus vidas directamente (…) El embarazo en adolescentes no es el resultado de una decisión deliberada. Al contrario, el embarazo -en niñas y adolescentes-, en general, es el resultado de la ausencia de poder decisión”. En todos los países del mundo es más baja la edad a la que las mujeres se pueden casar que la edad a la que pueden abortar. Crueldad donde las haya. Legisladores, clérigos y demás autoproclamados señores de la vida no tienen nada que decir sobre que en la mayor parte del mundo -Europa incluida-, una niña de 14 o 15 años pueda contraer matrimonio. Tampoco tienen nada que decir y de hecho no hacen nada contra la pederastia, el tráfico de mujeres y niñas, la pornografía que invade las redes sociales… Es la hipocresía de los patriarcas. Lo que está en juego es la libertad de las mujeres y también su dignidad.

Así, el anteproyecto de ley del presidente Rajoy no trata sobre el aborto, trata sobre las mujeres. No es una ley contra el aborto, es obvio: los abortos en España han disminuido precisamente desde que se aprobó la ley de 2010; el número de abortos -en cualquier país-, disminuye cuando se tiene una buena educación sexual y métodos anticonceptivos asequibles y accesibles. Es una ley contra las mujeres.

El debate actual que interesadamente se pretende llevar a qué ocurre cuando un feto tiene una malformación es tan falso como el que se inició durante la tramitación de la Ley de 2010 sobre la posibilidad de que las menores de 16 y 17 años pudieran abortar sin el conocimiento de sus padres o tutores. Fuegos de artificio. En aquel momento, a falta de argumentos ante una ley ampliamente avalada y consensuada, los ultraconservadores se cebaron en un solo aspecto de la ley: la capacidad de las jóvenes de 16 y 17 años a decidir libremente sobre su maternidad. En realidad, solo se trataba de eliminar la excepción establecida en la Ley de Autonomía del Paciente, de manera que el aborto se equipara al resto de prestaciones sanitarias para las que la mayoría de edad para consentir está establecida en España en 16 años. En esa ley aprobada por el gobierno conservador de Aznar, en 2003, solo aparecen tres excepciones, qué casualidad, dos de ellas tienen que ver con los derechos de las mujeres: pruebas de medicamentos, inseminación artificial y aborto.

Con el anteproyecto de ley del gobierno del presidente Rajoy, las mujeres embarazadas de fetos con graves malformaciones podrán acogerse al supuesto de grave daño psíquico, ya lo ha reconocido hasta el propio Gallardón. Por supuesto, todo lo que tienen que hacer es lo mismo a lo que obligaba la ley de 1985, a reconocerse como “locas”. Lo que se consideraba un coladero con la ley de 1985, “el daño psicológico” simplemente era una humillación para las mujeres -necesitadas de un informe psicológico para poder abortar-, además de una gran inseguridad jurídica. Precisamente esa fue la razón por la que a pesar de no llevarla en su programa electoral, el gobierno del presidente Zapatero modificó la ley del 85, por las citaciones y detenciones que se estaban llevando a cabo contra profesionales médicos que habían realizado abortos y contra mujeres que habían abortado. En aquel momento, bastóuna orquestada campaña de prensa contra las clínicas que realizaban abortos para que quienes habían interrumpido su embarazo se pusieran a temblar. Solo hay que revisar las hemerotecas de los años 2007 y 2008 para ver cómo estaba la situación. Frente a estos envites de las fuerzas conservadoras, la mayor parte de la opinión pública se manifestaba a favor de una ley de plazos que reconociera el derecho a decidir de las mujeres durante las primeras semanas de gestación y diera seguridad tanto a las mujeres como a los profesionales, exactamente igual que se manifiestan ahora.

Lo que se está discutiendo ahora son los derechos de ciudadanía de las mujeres. Controlar a la población y restringir los derechos y libertades es una tentación de todos los gobiernos autoritarios y el gobierno de Rajoy no podía ser menos. Está en su hoja de ruta, lo está ejecutando sin pudor desde que comenzó la legislatura: derechos económicos, libertad de expresión y manifestación… Eliminar el derecho al aborto es uno más pero no uno cualquiera porque calificar a las mujeres como imposibilitadas para tomar decisiones sobre su sexualidad, su cuerpo y sus familias supone colocarnos en la minoría de edad perpetua, supone quitarnos, de hecho, los derechos de ciudadanía. Y así lo percibe una amplia mayoría social como demuestran las encuestas y como demuestran las manifestaciones desarrolladas en España y en buena parte de las capitales del mundo en contra de esta reforma. La convocatoria del 1 de febrero en Madrid, bautizada como “El tren de la libertad”, fue la mayor manifestación celebrada en España en toda su historia a favor del aborto. Ni siquiera en tiempo de la Transición hubo un poder de convocatoria tan elevado en defensa de los derechos de las mujeres. Lo mismo ha ocurrido con la convocatoria del 8 de marzo. En todo el país se celebraron manifestaciones multitudinarias en defensa de los derechos sexuales y reproductivos. Pretender modificar la ley, a estas alturas, es pretender volver al túnel del tiempo que desemboca en los delitos “específicos” del franquismo, los delitos que solo cometían las mujeres (uso de anticonceptivos, aborto, adulterio…).

Todas ellas, cosas de tiempos lejanos que en España, sin embargo, aún permanecen muy frescas en la memoria.

Aborto sin riesgos (OMS)

Maternidad en la niñez (ONU)