ESPAÑA NO QUIERE VOLVER A SER DIFERENTE

Ésta es mi participación en el especial #NoLeyGllrdn editado por Transversales como monográfico en defensa del derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad.
Aquí podéis leer el especial completo

ESPAÑA NO QUIERE VOLVER A SER DIFERENTE

“Con la convicción más grande defenderé un proyecto largamente reflexionado y deliberado por el conjunto del gobierno, un proyecto que tiene como objetivo poner fin a una situación de desorden y de injusticia, así como aportar una solución equilibrada y humana a uno de los problemas más difíciles de nuestro tiempo. ¿Por qué seguir cerrando los ojos cuando la situación actual es mala?”
Así comenzaba la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, su defensa de la ley del aborto en el Congreso de los Diputados el 26 de noviembre de 2009. A continuación, explicaba que eran las mismas palabras que exactamente ese día, otro 26 de noviembre, pero 35 años atrás, había utilizado Simone Veil, ministra de Sanidad francesa de un gobierno conservador, al dirigirse a la Asamblea Nacional de Francia para presentar el proyecto de despenalización del aborto en su país.
Más de tres décadas después, las palabras de Veil aún eran oportunas en la España del siglo XXI. La coincidencia de fechas había sido casualidad. Nadie se había dado cuenta hasta que semanas antes del debate, la secretaria de estado de igualdad francesa hizo una visita a España. La secretaria de estado también era conservadora, pertenecía al gobierno de Nicolás Sarkozy y sin embargo, se mostraba orgullosa del trabajo que había realizado su antecesora hacía 35 años y feliz con la aprobación de la ley en España. Entro en el despacho de la ministra como un ciclón y fue lo primero que le dijo: “Félicitations, félicitations…”
Sirva la anécdota para subrayar el falso debate abierto en España por el gobierno de Mariano Rajoy al presentar a través del ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón un anteproyecto de ley del aborto que retrotrae a las mujeres españolas a la condición de no-ciudadanas, carentes de capacidad para tomar decisiones sobre sus cuerpos, sus vidas y su maternidad y al conjunto de la ciudadanía a una legislación de la que en Europa solo no se avergüenzan los gobiernos de aquellos países en los que la jerarquía católica aún tiene mando en plaza: Polonia, Malta e Irlanda.
Suecia reguló el aborto, al igual que Francia, en 1974; Italia aprobó su regulación en 1978, Holanda en 1984, Bélgica en 1990, Alemania en 1992 y Dinamarca en 1995, por citar algunos ejemplos. Sin embargo, en 2008, las mujeres españolas aún tenían que alegar poco menos que estar locas para poder abortar y aun así, estar en alerta puesto que la ley era tan frágil que tras la interrupción del embarazo se creaba el temor permanente a que su historial clínico terminara en un juzgado o que cualquier día, la policía apareciese a la puerta de su casa.
Ésas fueron las razones que impulsaron la modificación de la ley en la anterior legislatura. Ésta se inició con la sorpresa de la creación del ministerio de Igualdad y todo el equipo que se fue sumando al nuevo ministerio llegó con la convicción de que había que cambiar la ley del aborto costara lo que costara. No es cierto, como se dice ahora, que no había ninguna necesidad de modificarla. Había motivos suficientes.El primero era la dignidad de las mujeres que con la ley de supuestos necesitaban un certificado médico sobre problemas psicológicos. Pero aún había más. La campaña ultraconservadora ya había comenzado. El sector conservador, la jerarquía católica y los neomachistas habían agotado la paciencia. En la anterior legislatura se habían aprobado tres leyes que se les habían hecho muy indigestas: La ley integral contra la violencia de género, la ley de Igualdad y, especialmente, la ley de matrimonios del mismo sexo. Aquello había sido demasiado y comenzaron sus ataques para frenar lo que parecía: que España había comenzado un camino por el que poco a poco se legislaba contra el modelo patriarcal imperante para construir una sociedad justa e igualitaria en la que hombres y mujeres ensanchaban sus márgenes de libertad y comenzaban a vivir conforme a sus principios, comenzaban a construir las familias que realmente deseaban.
Así, había bastado un montaje televisivo en el que se aseguraba que en las clínicas privadas se abortaba en cualquier circunstancia para crear una polémica azuzada por los elementos más ultras con Esperanza Aguirre a la cabeza -en aquel momento presidenta de la Comunidad de Madrid- para que profesionales y mujeres se encontraran a la Guardia Civil en sus casas. Sirva como ejemplo un reportaje publicado por El País el 27 de enero de 2008 titulado “Las españolas vuelven a abortar fuera” para ilustrar en qué situación se estaba en aquel momento:

“Hace 30 años las españolas iban a abortar a Londres. Ahora, las clínicas de abortos están derivando decenas de pacientes a París. La ley española no cubre todos los supuestos sin ambigüedades, la sanidad pública no se hace cargo y los centros privados se niegan a practicar abortos con más de 22 semanas ante la campaña emprendida en los últimos meses por determinados sectores -con causas judiciales abiertas en Madrid y Barcelona, denuncias y amenazas constantes por parte de grupos provida, y jueces y Guardia Civil llamando a declarar a mujeres que han interrumpido su embarazo. Y los casos que quedan fuera son especialmente sangrantes: mujeres con embarazos deseados pero inviables a las que no se ofrece una solución.
En los hospitales públicos, que sólo practican el 2% de los abortos, por lo general no las ayudan, y las clínicas autorizadas para practicar abortos no se atreven a hacerlo en embarazos de más de 22 o 23 semanas. El problema no es nuevo, pero se ha agudizado en los últimos meses. Los centros no quieren problemas en un momento en el que tienen causas judiciales abiertas, los grupos antiabortistas están más organizados que nunca y miembros del Partido Popular como la concejal de Ayuntamiento de Madrid Ana Botella hablan de “trituradoras” que “todos hemos visto” y de abortos de “fetos de siete meses”.
Hasta el momento no existen tales fotos de trituradoras, ni en la causa judicial abierta en Madrid había ningún feto de siete meses. Pero las clínicas no se arriesgan a recibir más denuncias, según portavoces de El Bosque, Dator e Isadora, todas en Madrid. En esta comunidad autónoma, la Consejería de Sanidad recibió 208 denuncias contra los centros en 2007, algunas por e-mail, y dio curso a todas. Así que, ante la imposibilidad de abortar en España, la solución para estas mujeres es ir a París, a un hospital de la Seguridad Social francesa.
El aborto está despenalizado en España en tres supuestos: violación -hasta las 12 semanas-, malformación fetal -hasta las 22 semanas- y grave riesgo para la salud física o psíquica de la madre -sin plazo máximo-. Pasadas las 22 semanas, por lo tanto, si se descubre que el feto no podrá vivir, la mujer sólo se podrá acoger al supuesto de “grave riesgo para su salud psíquica”. Y no de forma fraudulenta, porque lo más probable es que soportar dos o tres meses un embarazo abocado a la muerte del bebé afecte la salud mental de la mujer. El problema es quién se atreve a llevarlo a cabo, dada la ambigüedad de la regulación española.
En Francia la ley es distinta. El aborto es libre durante las 12 primeras semanas. Después se puede interrumpir el embarazo cuando peligra la salud de la mujer o hay riesgo de que el niño sufra una grave o incurable enfermedad. Es una ley de plazos con dos supuestos añadidos sin límite temporal. Allí además, la sanidad pública se hace cargo de las intervenciones, aún respetando la objeción de conciencia de los profesionales. Varias clínicas españolas confirman que asesoran a las mujeres sobre los trámites para abortar en la maternidad del hospital público Robert Debré de París”.

Pero aún más. Todos los estudios y todas las encuestas confirmaban que la sociedad española estaba mayoritariamente a favor de un ley de plazos que asegurara que serían las mujeres quienes decidieran en cada caso sobre su maternidad. Esa imagen de las mujeres saliendo del país para poder abortar o jugándose la salud, la vida y su paso por “el cuartelillo” de la Guardia Civil al hacerlo en España, estaba fresca y pesaba demasiado en el imaginario social.
Para elaborar la nueva ley del aborto, la ley de plazos, se constituyeron una subcomisión parlamentaria, un grupo de personas expertas y un proceso de reuniones con la sociedad civil, -incluidos los grupos más reaccionarios y los grupos antielección (los que sin ningún pudor pretenden llamarse provida) y se recabaron los informes institucionales pertinentes, entre ellos el del Consejo de Estado. El informe fue redactado por Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón (uno de los padres de la Constitución y al que no se le conoce, hasta el momento, militancia feminista alguna) y aprobado por unanimidad. Es decir, unánimemente, el 17 de septiembre de 2009, el Consejo de Estado avaló la constitucionalidad de la ley del aborto en vigor.
Pocas leyes han sido redactadas con un proceso de elaboración tan participativo y transparente. Un proceso que propició que la Ley fuese aprobada en el Senado de forma definitiva y sin cambios, lo que hizo que ni siquiera tuviera que volver al Parlamento.
¿De forma definitiva? Eso era lo que pensábamos quienes estábamos convencidas de que contar con una ley que reconociera el derecho a la maternidad libremente decidida no es más (ni menos) que reconocer los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
A falta de argumentos, la jauría se cebó en un solo aspecto de la ley: la capacidad de las jóvenes de 16 y 17 años a decidir libremente sobre su maternidad sin el conocimientos de sus padres o tutores. En realidad, solo se trataba de eliminar la excepción establecida en la Ley de autonomía del paciente, de manera que el aborto se equipara al resto de prestaciones sanitarias para las que la mayoría de edad para consentir está establecida en 16 años. Dicha ley había sido aprobada por el PP y qué casualidad, solo contemplaba tres excepciones de las que dos se referían a la sexualidad femenina: “La interrupcio?n voluntaria del embarazo, la pra?ctica de ensayos cli?nicos y la pra?ctica de te?cnicas de reproduccio?n humana asistida se rigen por lo establecido con cara?cter general sobre la mayori?a de edad y por las disposiciones especiales de aplicacio?n”. Esto es, con la nueva legislación sobre el aborto se pretendía, simplemente, eliminar la excepción.
El anteproyecto presentado por el gobierno de Rajoy y que pretende modificar la ley de 2010 ya está siendo dañino. El argumentario utilizado para defender lo indefendible: la no-ciudadanía de las mujeres, la concepción franquista sobre todas nosotras, está propiciando un clima de insultos y vejaciones que asusta si se toma en cuenta como preludio de la sociedad que este gobierno está diseñando a golpe de Real Decreto y mayoría absoluta. Envalentonados, los sectores antielección, los antiigualdad, los neomachistas, los ultracatólicos y los grupos conservadores golpean con viejos repertorios de superioridad masculina e incapacidad de las mujeres para decidir sobre su propio cuerpo. Pretender modificar la ley, a estas alturas, es pretender volver al túnel del tiempo que desemboca en los delitos “específicos” del franquismo, los delitos que solo cometían las mujeres (uso de anticonceptivos, abortos, adulterio…) Pero el rechazo ha sido rotundo y mayoritario. La manifestación celebrada en Madrid el 1 de febrero, la más multitudinaria de las convocadas por el feminismo español en su historia, evidenció lo que ya preconizaban las encuestas: que por mucho que algunos nostálgicos, ahora en el gobierno, añoren una sociedad machista hasta el esperpento como lo fue el franquismo, la ciudadanía no está dispuesta a salirse de la senda democrática y volver a ser la excepción, lo no homologable, lo vergonzante.
Por cierto, Simone Veil sobrevivió a Auschwitz, fue madre de tres hijos y en 2005 fue galardonada con el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional “por la defensa de la libertad, la dignidad de la persona, de los derechos humanos, la justicia, la solidaridad y el papel de la mujer en la sociedad moderna”.