Olga, violada y con amenazada de ser expulsada

Publicado en el nº11 de La Marea

Olga tiene 52 años. Llegó a España de su Rusia natal en 2007, en un intento de cambiar de vida. Recuerda su primer trabajo como empleada de hogar como “de esclava”. Lo suficientemente malo y poco remunerado como para aceptar otro en un restaurante en el que le pagaban 300 euros al mes por diez horas diarias sin ningún día de descanso. Tras dos años bajo la promesa de dueño de regularizar sus papeles sin que nunca la cumpliera, Olga se quedó sin trabajo en una inspección laboral que se hizo al restaurante y en la que se detectó que ningún trabajador estaba en situación regular. La policía le retuvo el pasaporte y la dejaron con una fotocopia del mismo, un procedimiento sancionador de extranjería y una orden de expulsión. Tras esa experiencia, Olga se fue a la otra punta del país y comenzó a trabajar de nuevo como empleada de hogar en Galicia. Allí, una mujer le ofreció un contrato de trabajo, con un salario de 750 euros por llevar la casa y cuidar de su marido enfermo a cambio de que el primer mes trabajara sin cobrar, a modo de prueba. Pasaron casi dos años sin recibir ningún salario y trabajando todos los días a cambio de techo y comida.
Una noche de marzo, cuando regresaba a casa, dos hombres la agredieron a punta de pistola. Tras violarla y golpearla, la dejaron en un monte desnuda. Cuando la encontraron aún estaba aturdida y llegó al hospital en ambulancia. Olga asegura que el personal médico la atendió muy bien pero no así la Guardia Civil que se presentó, entró en todas las curas y tomó fotografías sin ningún consentimiento de Olga. Después, ni siquiera dejaron que se duchara, insistieron en tomarle declaración hasta las cuatro de la mañana.
Al día siguiente, Olga salió del hospital pero dos días más tarde tuvo que regresar por sangrado vaginal y aún tuvo que volver una tercera vez por los mismos síntomas. Un mes después, el 4 de abril, Olga, sin tarjeta sanitaria, recibió una factura del hospital que ascendía a 893,83 euros por las tres intervenciones médicas. En la carta le decían que o pagaba o acreditaba que tenía un proceso penal como víctima de agresión sexual. Nunca fue citada a declarar al juzgado pero sí recibió varias visitas de la Guardia Civil para volver a interrogarla sobre la violación porque “tenían dudas de que fuese verdad: Que nadie haya visto el coche de los agresores, que nadie te haya oído gritar… Tú estás mintiendo…”
Dos semanas más tarde, la Guardia Civil fue a buscarla. Le ordenaron subir al coche sin darle ninguna explicación. Al llegar a comisaría le tomaron fotos, huellas y la llevaron a una habitación. Estaba detenida “por inventarse una agresión sexual para conseguir los papeles”. Cuando por fin vio al juez, aún tenía las marcas de la paliza en la cara pero ni el juez ni la fiscal hicieron ninguna observación, ninguna pregunta. El juez procedió a interrogarla como “detenida”. Quedó en libertad provisional con la obligación de presentarse todos los días 1 y 15 de cada mes en el juzgado.
Al día siguiente, Olga estaba con su novio en un bar cuando llegaron dos policías nacionales y le pidieron la documentación. Esa noche durmió en el calabozo y al día siguiente la llevaron al juzgado de guardia donde se decidió su ingreso en el CIE y posterior expulsión. Permaneció 48 días en el CIE de Madrid.
El relato de Olga es uno de los testimonios que se recogen en el informe que acaba de publicar la fundación Aspacia sobre las mujeres víctimas de violencia sexual en situación administrativa irregular. En él se denuncia la impunidad de los violadores y agresores sexual cuando sus víctimas están en esa situación. Olga no es una excepción, todo lo contrario. La violencia sexual es la más silenciada, la más impune y la menos perseguida e investigada. En el caso de las mujeres migrantes, tras una violación, denunciarla supone además, en muchos casos, un procedimiento de expulsión. Así, las violaciones se han convertido en algo invisibilizado que tiene especialmente en el servicio doméstico, un territorio sin ley. Lo confirma el titular del juzgado de instrucción número 6 de Madrid, que asegura en el informe que: “en los últimos 17 años he tenido cinco casos de violencia sexual denunciados por mujeres inmigrantes en situación irregular. De mujeres que trabajen en el servicio doméstico, ninguno”.
Violadas, expulsadas y con la reforma que excluye de las prestaciones sanitarias públicas a todas las personas extranjeras que no tengan la condición de “asegurado”, ahora también excluidas de seguimiento médico tras la agresión porque en las excepciones a esa ley no se contempla la violación y aunque en el Protocolo médico estatal de actuación en estos casos se establece que la actuación del personal sanitario de urgencia debe realizarse con independencia de que la mujer denuncie o no, en Madrid, por ejemplo, en caso de agresiones sexuales no se atiende a las víctimas sin denuncia previa.