Ofensiva del gobierno Rajoy contra las mujeres

Reportaje publicado en el mes de febrero en La Marea 

OFENSIVA DEL GOBIERNO RAJOY CONTRA LAS MUJERES 

“En solidaridad con las mujeres españolas“. La frase, habitual en la España franquista pero insólita desde hace más de 30 años, se ha vuelto a escuchar en las capitales europeas y latinoamericanas: París, Londres, San Juan (Puerto Rico), Edimburgo, Toulouse, Bruselas… El detonante ha sido la aprobación en el Consejo de Ministros del anteproyecto de ley de Protección de la Vida del Concebido y de los derechos de la mujer, el texto con el que el gobierno de Rajoy pretende modificar la actual ley del aborto. Es la guinda de una legislatura que en poco más de dos años ha desmantelado las políticas de igualdad. España ha caído 19 puestos desde 2010 en el informe sobre la brecha de género que realiza cada año el Foro Económico Mundial.

La expresión de desdén con la que Esperanza Aguirre se refirió en su día al Ministerio de Igualdad, “igual da”, parece haberse convertido en la línea de trabajo del gobierno de Rajoy. La primera foto ya evidenciaba que el nuevo gobierno se saltaba el artículo 16 de la Ley de Igualdad, el que se refiere a que los poderes públicos procurarán atender al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en los nombramientos. Las mujeres representan un 28,5% de los miembros del gabinete, 4 mujeres frente a 9 hombres, más el presidente. La paridad había desaparecido del Consejo de Ministros. A partir de ahí, la devaluación de las políticas de igualdad ha sido una constante, comenzando por la desaparición de la Secretaria de estado de Igualdad, a la que ya Zapatero había reducido el Ministerio de Igualdad, que quedó asumida por la de Servicios Sociales y la pérdida de autonomía del Instituto de la Mujer después de treinta años de historia. Las mujeres no superan el 30% de los altos cargos del gobierno actual y la brecha de género no para de aumentar como señala el último informe del Foro Económico Mundial. España había conseguido el puesto número 11 en 2010, de los 135 países que analizaba el informe, en 2013 se sitúa en el número 30. El Foro destaca negativamente la gran brecha salarial, la diferencia entre lo que cobran mujeres y hombres por el mismo trabajo, donde España ocupa el puesto 116; la escasa participación pública y política de las mujeres (puesto 76) y las pocas oportunidades de empleo de calidad (puesto 58). Solo se mantiene el liderazgo en dos aspectos: en el número de universitarias y en esperanza de vida.
A la desaparición de organismos y políticas específicas en igualdad, hay que sumarle los recortes presupuestarios, las reformas consideradas como “neutras” (reforma laboral, reducción de puestos de trabajo en el sector público, adelgazamiento hasta la anorexia del estado del bienestar o el desmantelamiento de los servicios públicos esenciales) y las reformas ideológicas (ley de educación, reforma del Código Penal o anteproyecto de modificación de la ley del aborto) que en conjunto, suponen un maratón en el túnel del tiempo. En palabras de Almudena Fontecha, secretaria ejecutiva de Igualdad de UGT: “Si quitásemos el color a la televisión pensaríamos que estamos en la España de hace cuarenta años. Se suceden los discursos que yo estaba segura que no volvería a oír. Donde hace apenas dos años hablábamos de mujeres ahora solo se habla de familia. Nuestra realidad está volviendo al gris”.

Crisis y prioridades presupuestarias
La disminución de la partida en los Presupuestos Generales del Estado ha sido constante. En 2012, los primeros presupuestos de la era Rajoy, se disminuyó el presupuesto para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en un 19,9%, (la media del conjunto de los ministerios fue el 16,9%) y el de la Delegación del Gobierno contra la violencia de género un 21,3%. El año siguiente aún fue peor. En 2013 las políticas de igualdad se recortaron un 24% respecto a 2012, casi el triple de la media de los ministerios (8,9%), y la lucha contra la violencia de género el 7%. Desde 2011, las políticas de igualdad han sufrido un recorte del 38,79%. En el mismo periodo de tiempo, el presupuesto destinado a combatir la violencia de género ha descendido en un 28% y el Instituto de la Mujer acumula un recorte del 34,2%. Del total del presupuesto en Igualdad para este año, el 33,13% está destinado a gastos de personal; el 39,58% a gasto corriente por lo que solo el 27,29% se dedica a actuaciones específicas. Los programas de Formación y Fomento de Empleo Femenino que llevaban a cabo las Comunidades Autónomas se han recortado en un 64,46% respecto a los presupuestos del año anterior y en un 97,02% en los últimos tres años. Las ayudas a proyectos de investigación sobre temas de género I+D+I se reducen en un 21,5% -esta partida se ha visto reducida en un 47,36% en los últimos tres años- y también se reducen en un 5,7% las prestaciones por maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural, un 8,77% respecto a 2011.


Laura Nuño, responsable de la Secretaría de Áreas Transversales de Izquierda Unida en la Comunidad de Madrid y profesora de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos señala que “la gestión neoliberal de la crisis tiene mayor impacto entre los colectivos más vulnerables donde la presencia de mujeres es mayoritaria. El desmantelamiento de servicios públicos esenciales (como la educación, la sanidad o la atención a la dependencia) obligan a que el cuidado descuidado por las instituciones se traslade a las familias y que asumen mayoritariamente las mujeres”. A esto hay que sumarle, añade Nuño, que “la reforma laboral está precarizando el empleo precario, con una presencia femenina también superior por la consabida segregación sectorial y ocupacional, la inferioridad salarial de las mujeres y la feminización del empleo a tiempo parcial. Un empleo precario al que cada vez menos mujeres tendrán acceso porque la destrucción de empleo se está cebando ahora en los sectores feminizados. Como puntilla ¿Qué hacen? Recortar las políticas de igualdad, que son las que en mayor medida están sufriendo el ajuste presupuestario y que en 2014 sólo representan el 0,01% de los Presupuestos Generales del Estado”.
Unos presupuestos que ni siquiera han pasado por la Comisión de Igualdad, como explica Carmen Montón, diputada y portavoz del PSOE en dicha comisión: “Lo que significa que no se habla de igualdad porque no hay ni siquiera espacio formal para hacerlo. En el cajón de sastre que han convertido el ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de Ana Mato, la igualdad no existe. Es una involución perversa tanto en las formas como en el fondo. Los golpes vienen por todas partes, por la reforma laboral de Fátima Núñez o el cambio de régimen de las trabajadoras de hogar de Cristóbal Montoro, por ejemplo, sin que haya ninguna responsabilidad ni respuesta desde Igualdad. La ministra Mato ha conseguido que la Igualdad sea una anécdota, es la transversalidad de la nada”.
Los recortes de los servicios públicos “han supuesto una carga de profundidad contra la independencia económica de las mujeres”, asegura Begoña San José, miembro del Fórum de Política Feminista: “De nuevo las mujeres tienen que suplir la falta de comedores escolares, de las escuelas infantiles, del cuidado de los dependientes… con un trabajo gratuito en los hogares”. En este contexto, según San José, “la reforma de la ley del aborto, que aparentemente no tiene nada que ver, está en la misma línea, en la voluntad de retrotraer a las mujeres a las tareas domésticas y maternales”.
Análisis en el que coincide Justa Montero, miembro de la Asamblea Feminista y de la Plataforma de Mujeres ante el Congreso: “La reforma de la ley del aborto intenta legitimar las brutales medidas económicas y sociales que se están aplicando. Cuando Gallardón declara que ‘el derecho fundamental de las mujeres es ser madres’ está intentando convencer de las ideas que mantuvieron a las mujeres en sus casas, sin opciones a un empleo remunerado en épocas anteriores”.

Recortes con impacto de género positivo o nulo
La Ley 30/2003 exige que el procedimiento de elaboración de proyectos de ley y reglamentos vaya acompañado de un informe sobre el impacto por razón de género de las medidas que se establezcan en los mismos. Los presupuestos de 2012 y 2013 obtuvieron un informe de impacto de género positivo y los de 2014, igual que todos los Reales Decretos aprobados a lo largo de 2012, consiguieron un informe en el que se aseguraba que el impacto de género era “nulo”. Es decir, el Gobierno pretende que las reformas pasen como políticas aparentemente neutras, que no tienen un impacto directo en las mujeres.
Entre estas normas “sin impacto” destaca la Ley 3/2012, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. En ella se amplía el período de prueba de tres a doce meses, se modifica el contrato a tiempo parcial, se abarata el despido y se facilita el descuelgue de los convenios colectivos (muchos de los cuales introducían mejoras en la conciliación de la vida familiar y laboral). La presencia de mujeres en la jornada a tiempo parcial es mayoritaria y, por ello, medidas como el contrato indefinido con periodo de prueba de un año, la regulación de horas extraordinarias en los contratos a tiempo parcial o la distribución irregular de la jornada, afectan a su empleabilidad. A ello hay que unir la eliminación de la bonificación empresarial por maternidad.
Otra norma aparentemente neutra es El Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público que contemplaba, entre otras medidas, la aplicación de la tasa de reposición del 10 por 100 en las ofertas de empleo público durante 2011, 2012 y 2013. Los presupuestos para 2013 modificaron este Real Decreto estableciendo que, a lo largo de dicho año, no se procedería en el sector público a la incorporación de nuevo personal. Medidas que, señalan desde CCOO “están generando una pérdida de empleo en sectores claramente feminizados como enseñanza, sanidad o administración local. Solo en el sector educativo, en un año se han perdido (tanto en lo público como en lo privado) más de 39.000 empleos de los cuales el 70,25% correspondía a mujeres.
En los Presupuestos de 2012, el Estado reducía en un 42% su contribución al Plan Concertado de Servicios Sociales, pasando de 600.000 a 423.000 las personas con ayuda a domicilio. A ello se suma la suspensión en 2012 y 2013 de la atención a las personas con Dependencia Moderada, y la eliminación en los Presupuestos de 283 millones de euros que transfería a las comunidades autónomas para residencias geriátricas y organización administrativa del nivel acordado de la Ley de Dependencia. Actualmente, según datos de CCOO, 736.249 dependientes son beneficiarios de una prestación efectiva y 198.041 (21,19%) están en lista de espera. El 66% de los beneficiarios son mujeres. El 44% de los beneficiarios reciben prestación económica de cuidado familiar y prácticamente se puede hablar de cuidadoras, son mujeres el 90%. La cuantía de las prestaciones económicas de cuidado familiar se ha reducido en un 15%. Según la Encuesta de Población Activa, el 97,3% de las personas ocupadas a tiempo parcial por cuidado de hijos son mujeres así como el 89,1% de quienes están al cuidado de personas dependientes.
Almudena Fontecha asegura: “Si se suman los recortes a todas las reducciones del gasto público, el resultado es una propuesta para las mujeres de que trabajen ‘unas horitas’ a tiempo parcial para ‘ayudar’ en la economía familiar y la mayor parte de su tiempo la empleen en los cuidados en sus casas para suplir la carencia de escuelas infantiles, la supresión de los servicios en los comedores escolares, la falta de ayudas a la dependencia… Con las últimas modificaciones han dejado un mercado de trabajo del más fuerte: quien pueda soportar las condiciones bien y el que por las razones que sea, personales, sociales… no pueda, a casa. Es imposible organizarse si el lunes no sabes qué horario vas a tener el viernes”.
Traducido a cifras, todo esto significa que si bien en los primeros momentos de la crisis el desempleo afectó especialmente a los hombres por su incidencia en la construcción y en otros sectores masculinizados, la tendencia ya ha cambiado. Las mujeres encabezan las cifras de desempleo, de trabajo a tiempo parcial y de trabajo precario, al tiempo que reciben menos prestaciones por desempleo y se mantienen las diferencias en su contra en las cuantías de las pensiones. La tasa de paro de los varones en 2008 era del 9%; en 2009 aumentó hasta el 18% y en 2013 llegó a alcanzar el 25%. La tasa de paro de las mujeres en esos mismos años era del 12, 18 y 27% respectivamente. “Como la situación económica es tan grave y está afectando con tanta potencia a millones de personas, está tapando la situación específica de las mujeres que saldremos de la crisis en una posición muchísimo más debilitada en el ámbito laboral de lo que estábamos antes de que ésta comenzase”, subraya Fontecha.
En el II trimestre de 2013, el 26% de las mujeres tenían una jornada a tiempo parcial frente al 8% de los hombres. Una situación que en los varones se reduce a lo largo de su vida laboral y en las mujeres permanece. Así, la tasa entre los hombres de 15 a 24 años supone el 36%, una cifra que desciende hasta el 7,7% entre los 25 y los 49 años y se reduce aún más llegando al 4,7% entre 50 y 64 años. Por el contrario, en el caso de las mujeres, en el mismo periodo de tiempo, tenían un empleo a tiempo parcial el 49,3% entre los 15 y 24 años que descendía hasta el 26,4% entre los 25 y 49 años y aún se mantenía en el 20,8% entre 50 y 64 años. Sobre la protección por desempleo, en el 3ª trimestre de 2013, la tasa era del 33,7%, es decir, 1,5 puntos menos que el año anterior y las mujeres tenían una protección 10 puntos inferior a los hombres.
Otra de las políticas que no ha tenido un impacto neutro ha sido la que se refiere a las pensiones y los copagos en el área de salud. Del total de 3.378.000 pensiones que tienen una cuantía igual o inferior a 600 euros al mes, 2.338.000 son percibidas por mujeres.

Violencia de género
La reducción del presupuesto de la Delegación del gobierno contra la violencia de género supera el 28% en esta legislatura. Respecto a las ayudas a las CCAA, quienes tienen la competencia de la atención social a las víctimas, el descenso es del 24,47%. La partida destinada a la mejora de la coordinación y la atención personalizada para las víctimas de violencia de género ha desaparecido en los presupuestos de 2014: cero euros.
Una verdadera batería de medidas están disparando directamente a la línea de flotación de la lucha contra la violencia machista que ha dejado, según datos oficiales, 714 mujeres asesinadas en contextos de pareja desde 2003 (año en el que por primera vez se cuenta con cifras oficiales) hasta el 20 de enero de 2014. Por ejemplo, con la ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, se elimina la competencia municipal en materia de políticas de igualdad, califica la atención a la violencia de género y los servicios o espacios informativos, es decir, las casas de acogida o las casa de la mujer como competencias impropias que ya no podrán prestar los ayuntamientos. Lo que quiere decir que se cerrarán cientos de centros de atención a mujeres dejando especialmente desprotegidas a aquellas que residen en el ámbito rural.
El 19 de julio de 2003 se aprobaba en Consejo de Ministros el anteproyecto de ley sobre el ejercicio de la corresponsabilidad parental en caso de nulidad, separación y divorcio, el anteproyecto de la ley que pretende la custodia compartida obligatoria. Quienes trabajan en el ámbito de la violencia de género alertan sobre las consecuencias que esta imposición puede tener en las relaciones violentas especialmente cuando todos los indicadores señalan que las mujeres están denunciando menos. Ante el número de menores asesinados por los maltratadores junto a sus madres o para hacer daño a sus madres, la única medida que ha puesto en marcha el ministerio de Ana Mato ha sido registrar su número, es decir, su única actuación consiste en llevar un recuento oficial de menores asesinados en contextos de violencia de género.
Ángela Cerrillo, abogada y presidenta de la asociación de mujeres juristas Themis, señala que “la Ley Integral se está aplicando de manera muy defectuosa en estos momentos. Las mujeres no están encontrando el amparo que se supone que el Estado aporta tras las denuncias. Se están denegando centenares de órdenes de protección y de alejamiento. Es tan ineficaz la protección que se inhiben de denunciar”. Sin embargo, las mujeres víctimas de violencia se encuentran con la paradoja de que solo la denuncia les ofrece cualquier tipo de protección, si no se denuncia, en la práctica se están invalidando hasta los partes médicos de lesiones. Señala Cerrillo otra modificación importante, la del nuevo Código Penal respecto a la prostitución: “Se pone en unos límites tan inconcretos, tan ambiguos -se habla de un “abuso excesivo”-, que en la práctica será muy difícil perseguir el proxenetismo porque ¿en qué consiste abusar excesivamente de una mujer explotada sexualmente? Con la reforma del Código Penal de Gallardón la legalización de la prostitución está en marcha”. Paralelamente a esta reforma del Código Penal, también han desaparecido las políticas que enfrentaban la trata de personas con fines de explotación sexual.

La fe elevada a la categoría de ciencia
Otro torpedo directo a la línea de flotación de la igualdad entre mujeres y hombres lo tiró el ministro Wert con su ley de educación. Con la aprobación de la LOMCE se elimina la coeducación y desaparece del currículum escolar la asignatura de educación para la ciudadanía, la perspectiva de género y la lucha contra la violencia de género. Es decir, invalida los artículos sobre la educación para la igualdad de mujeres y hombres, sobre la integración del principio de igualdad en la política de educación y sobre la igualdad en el ámbito de la educación superior de la Ley de Igualdad así como todo el capítulo I de la Ley Integral contra la Violencia de Género que se refiere a las medidas en el ámbito educativo. Por contra, introduce la asignatura de religión como evaluable siguiendo las exigencias de la Conferencia Episcopal: “Los profesores deben ser conscientes de que la enseñanza religiosa escolar ha de hacer presente en la escuela el saber científico, orgánico y estructurado de la fe, en igualdad académica con el resto de los demás saberes”. La Ley Wert también permite financiar con fondos públicos los centros que segregan por sexo.
Además de la LOMCE, los Presupuestos de 2012 eliminaron la cofinanciación del Plan Educa3, destinado a la educación infantil en el tramo de 0 a 3 años. En el curso escolar 2013-2014 la escolarización infantil bajó un 0,7%, 13.800 plazas, pese a que sólo el 36% de las niñas y niños de 0 a 3 años están escolarizados.
Luz Martínez Ten, experta en coeducación y Secretaria de políticas sociales de FETE-UGT, señala: “La educación es un claro reflejo de una política que retrocede a los años del franquismo e ignora las políticas de igualdad que estaban recogidas en las leyes donde se señala la importancia de incorporarla en el curriculum escolar y en la formación del profesorado. Actualmente se penaliza dentro de los centros educativos la educación afectivo sexual, la prevención de la violencia de género, la coeducación y la educación en igualdad”. Martínez Ten subraya que no hay espacios ni medios ni tiempos para estas cuestiones: “La filosofía y los parámetros ideológicos de la LOMCE van a favor de la corriente eclesiástica y su modelo tradicional de mujer. Ahora lo importante es el mercado, ser competitivos, que el alumnado se convierta en la mano de obra que demanden las empresas. Todo lo demás es subsidiario”.
Y de nuevo, como en un bucle, las reflexiones de Martínez Ten remiten a la reforma de la ley del aborto. Señala Justa Montero: “Han eliminado completamente la educación sexual, que se ha quedado fue del currículum escolar con la eliminación de educación para la ciudadanía y además, en el mes de septiembre el gobierno sacó de la cartera de prestaciones de la Seguridad Social los anticonceptivos de última generación. Así, niega el aborto y niega también la prevención de embarazos no deseados puesto que ésta se basa en la educación más disponer de métodos anticonceptivos asequibles y accesibles. Teniendo en cuenta que la tasa de aborto más elevada se da entre las jóvenes y las mujeres inmigrantes, precisamente los colectivos con mayores dificultades económicas y presumiblemente en muchos casos con más déficit de formación, se trata de una vuelta de tuerca a la realidad social. Traducido significa que pretenden que las mujeres vuelvan a su función reproductora siguiendo la doctrina más rancia de la jerarquía católica”.

Asfixia al movimiento asociativo
Por si ante esta situación el movimiento de mujeres decidía reaccionar, el gobierno ha decidido reducir las organizaciones a su mínima expresión. El Instituto de la Mujer, creado hace 30 años con la finalidad de “apoyar el avance de las mujeres españolas en pro de la igualdad de derechos que sanciona el artículo 14 de la Constitución española”, como aún reza en su página web, ha comenzado a subvencionar organizaciones que no tienen nada que ver con sus fines. Como reconoció el propio Subdirector de Programas del Instituto, Jesús Casas, este año la convocatoria supone “un giro copernicano” respecto a las de los 30 años anteriores. Objetivo cumplido. En la resolución, que se acaba de publicar, las subvenciones del Instituto de la Mujer se han reducido en un 50% (de 2 millones a un millón de euros). El año pasado la recibieron más de 90 organizaciones de mujeres, este año 61 entre las que, como se pretendía en las bases de la convocatoria, no todas tienen como objetivo la igualdad entre mujeres y hombres, al margen de que el gobierno ha decidido subvencionar a su propio partido. La organización que más dinero ha recibido (58.248,22 euros) ha sido la Asociación de Familias y Mujeres del medio rural presidida por Carmen Quintanilla, diputada del Partido Popular y presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados. Entre las más beneficiadas, la Asociación española contra el cáncer (32.324,69 euros), la Federación de Asociaciones de Scouts de España (ASDE) Exploradores de España (23.399,78 euros), la Asociación para la racionalización de los horarios españoles (14.772,38 euros) o CNSE-Confederación estatal de personas sordas (30.624,71 euros).
Quizá, de todos los análisis, el más explícito y demoledor sea el de Ana María Pérez del Campo, presidenta de la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, dedicada a las políticas de igualdad y especialmente a la violencia de género desde que participara en la redacción de la primera ley del divorcio tras el franquismo: “Nací en el 36 y no me gustaría morir en el 36. A este paso, creo que ocurrirá así”.
Como señala la premio Pulitzer Susan Faludi en su libro Reacción. La guerra no declarada contra la mujer moderna: “En el reconocimiento de los derechos y libertades de las mujeres hay dos máximas históricas: la primera, que cada conquista se acompaña de la consabida reacción patriarcal y la segunda es que cualquier avance puede ser reversible”.